En fecha 28 de diciembre de 2013 se publicó en el BOE esta Ley que tiene por objeto "impulsar el uso de la factura electrónica, crear el registro contable de facturas, regular el procedimiento para su tramitación en las Administraciones públicas y las actuaciones de seguimiento por los órganos competentes". Asimismo, además de las previsiones del articulado de la Ley con incidencia directa en la contratación pública, mediante su disposición final tercera se modifican diversos preceptos y disposiciones del Texto Refundido de la Ley de contratos del sector público, fundamentalmente en relación con la clasificación empresarial -que dejará de ser exigible en los contratos de servicios- y la determinación de los requisitos mínimos de solvencia exigibles, así como los medios para acreditarla.
